La propuesta del Tesoro vincula las cotizaciones de stablecoins extranjeras a auditorías de los exchanges

Las normas propuestas por el Tesoro en virtud de la GENIUS Act obligarían a los exchanges estadounidenses y a otros proveedores de servicios de activos digitales a realizar una diligencia debida sobre las stablecoins de pago emitidas en el extranjero. Los proveedores solo podrían basarse en la declaración de un emisor extranjero sobre su capacidad e intención de cumplir las órdenes legales de EE. UU. después de realizar una diligencia debida razonable. Los proveedores podrían perder el acceso a una stablecoin extranjera si saben, tienen motivos para saber o deberían saber que la declaración es falsa o que el emisor no puede o no quiere cumplir. El Tesoro afirma que la diligencia debería confirmar que el emisor no está sujeto a una prohibición pública de negociación secundaria conforme a la GENIUS Act. Esa comprobación no sería suficiente por sí sola. Las plataformas también tendrían que considerar toda la información razonablemente disponible sobre el emisor. La propuesta no identifica los tokens que cumplirían los requisitos ni decide si USDT u otra stablecoin concreta podría seguir disponible. El Tesoro prevé que el régimen general de la Act entre en vigor el 18 de enero de 2027, salvo que las normas definitivas de aplicación activen una fecha anterior conforme a la ley. Un límite más estricto a la oferta comenzaría el 18 de julio de 2028. Después de esa fecha, un proveedor sujeto a la norma, por lo general, solo podría ofrecer o vender una stablecoin de pago a alguien en EE. UU. si el token procediera de un emisor estadounidense autorizado o de un emisor extranjero que cumpliera los requisitos de la Section 18. Un emisor extranjero que reuniera los requisitos tendría que estar supervisado bajo un régimen que el Tesoro considerase comparable. El emisor también tendría que estar registrado en la Office of the Comptroller of the Currency. Debería mantener reservas suficientes en una institución financiera estadounidense para la liquidez de los clientes de EE. UU., salvo que un acuerdo de reciprocidad dispusiera otra cosa. La jurisdicción del emisor no podría estar sujeta a sanciones integrales de EE. UU. ni estar designada como una preocupación principal en materia de blanqueo de capitales. Las pruebas aplicables al emisor se aplicarían junto con la diligencia de la plataforma sobre el cumplimiento de órdenes legales. La propuesta no supone una prohibición general de mantener o transferir directamente stablecoins extranjeras. Entre las exenciones figuran ciertas transferencias directas entre particulares sin intermediario. Otras exenciones cubren determinadas transferencias entre las cuentas estadounidenses y extranjeras de una persona que pertenezcan a la misma matriz. Las exenciones también abarcan las transacciones realizadas mediante monederos de software o hardware utilizados por una persona para su propia custodia. El Tesoro está estudiando si exigir declaraciones de los emisores por escrito o actualizadas periódicamente, la conservación de registros, la revisión de contratos inteligentes o comprobaciones de las funciones de incautación, congelación y quema. Esos posibles requisitos no son obligaciones vigentes. El plazo para presentar comentarios sobre la propuesta publicada en el Federal Register concluye el 19 de octubre de 2026. La disponibilidad en EE. UU. dependerá de las categorías y de las pruebas de cumplimiento hasta que el Tesoro finalice el estándar y los reguladores adopten decisiones específicas para cada emisor.